La papa en la boca.

www.surda.se

Ley de Reparación. Brecha No. 1215. Viernes 6/3/2009.

Gastón Grisoni (*)

Cada día son más y más los actores políticos convencidos de que para seguir avanzando en el camino de la profundización democrática iniciada con la asunción del gobierno de Tabaré Vázquez, es imprescindible aprobar a la mayor brevedad posible una ley de reparación integral para todas las víctimas del terrorismo de Estado.

Que dicha ley debe respetar y basarse en la resolución 60/147 de las Naciones Unidas es casi de Perogrullo en las filas de la izquierda y en los medios gubernamentales conscientes de los compromisos contraídos por el país ante los organismos internacionales. Compromisos que deben ser asumidos y honrados con la misma seriedad, responsabilidad y hasta sacrificio con que se honraron los compromisos financieros ante los organismos de crédito internacional.

AL MARGEN DE LA LEY Y DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL. Los sectores de derecha, y no sólo los cavernícolas que aún no han logrado erguirse sobre sus dos miembros inferiores para caminar, siguen sin reconocer la normativa internacional de derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Siguen justificando, “en el marco de una guerra que enfrentó a dos demonios”, las torturas masivas, sistemáticas y generalizadas, la desaparición forzada, los asesinatos y las ejecuciones, el secuestro de niños y su comercialización, los secuestros y traslados clandestinos, las brutalidades indescriptibles contra los niños y adolescentes familiares directos de los luchadores sociales y políticos, la internación prolongada en campos de concentración diseñados para la destrucción física, psíquica y moral de los opositores a su proyecto de país.

El principio rector de que los estados deben respetar, garantizar y asegurar el pleno disfrute de las libertades y los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, sin que la normativa admita ninguna justificación al respecto, sigue siendo negado, en los discursos y en los hechos, a más de 24 años de la reapertura democrática, por los principales exponentes de la derecha uruguaya.

Cuando afirman que la ley 15.848 fue una amnistía para pacificar el país y era la contraparte de la de amnistía que se votó en marzo de 1985, reniegan de la normativa internacional y de los principios estampados incluso en la legislación uruguaya mediante la ley 18.026 de que hay violaciones a los derechos humanos que son delitos graves, que no caducan, que son imprescriptibles e inamnistiables. Delitos de lesa humanidad.

Obviamente, ignoran olímpicamente los principios del jurista francés Joinet con respecto a la lucha contra la impunidad y especialmente la resolución 60/147 de las Naciones Unidas que consagra los derechos específicos de los ciudadanos víctimas de violaciones a los derechos humanos internacionales y del derecho humanitario internacional. Son cosas del Primer Mundo.

UNA PROPUESTA EJEMPLAR. Ante la falta de un auténtico proyecto de ley de reparación integral que permitiera seguir avanzando al conjunto de la sociedad, el colectivo de ex presas y ex presos políticos agrupados en Crysol, en un enorme esfuerzo institucional, presentó en julio de 2007, junto con el doctor Óscar López Goldaracena, un proyecto en tal sentido a todas las fuerzas políticas y al gobierno. Mereció incluso comentarios elogiosos de representantes de organismos de derechos humanos nacionales y por parte de especialistas internacionales en la materia que tomaron conocimiento del mismo.

Sin pretender que la propuesta original del colectivo no pudiera ser mejorada y ampliada, la misma posee características tales que ameritan ser consideradas y explicitadas.

Aunque no es lo más importante, la propuesta de Crysol hace honor a la verdad histórica del pasado reciente tomando como fecha de referencia el 13 de junio de 1968, día en que Jorge Pacheco Areco implantó las medidas prontas de seguridad para iniciar el proceso histórico que derivó en el terrorismo de Estado.

Asimismo, el proyecto de Crysol se basa explícitamente en la normativa de derechos humanos vigente, en especial la resolución 60/147 de las Naciones Unidas, y la incorpora de una manera efectiva, creativa y adaptada a la realidad nacional.

Los principios básicos de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, que son derechos inalienables de las víctimas de violaciones a los derechos humanos internacionales, se plasman de una manera realista en el articulado que se presentó.

Incluye y ampara a todo el universo de víctimas de violaciones perpetradas por el Estado, sus instituciones, funcionarios y agentes dentro y fuera de las fronteras nacionales: detenidos desaparecidos, asesinados, ex presos políticos, niños nacidos en cautiverio, niños a los cuales se les sustrajo su identidad, niños y adolescentes familiares directos de las víctimas de graves violaciones, exiliados, clandestinos y despedidos arbitrariamente durante todo el proceso cívico militar. Todo el universo de víctimas que el Estado tiene la obligación jurídica, política y ética de reparar. Y de acuerdo a lo más avanzado en el derecho internacional, con una atención particular a las víctimas del sexo femenino.

Aborda de una manera racional y completa, por otra parte, todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en una norma de estas características para reparar y dignificar a las víctimas y al conjunto de la sociedad: disculpas oficiales en un acto público, formal y solemne, asunción de las responsabilidades inherentes, establecimiento de la verdad de lo sucedido, derecho a la justicia y a la investigación de los crímenes, establecimiento del 11 de abril como fecha nacional de homenaje a todas las víctimas, derecho a la salud integral, transformación del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) y del ex penal de Punta de Rieles en patrimonio nacional de los derechos humanos y de la memoria, indemnización pecuniaria adecuada y proporcional a la gravedad del daño sufrido, por mencionar algunos.

Incluso incorpora en el artículo 15, y no es algo menor, soluciones efectivas para resolver aspectos vinculados al restablecimiento de los derechos previsionales y pensionarios de todas las víctimas que a más de 24 años aún no fueron resueltos o fueron resueltos inequitativamente por las diferentes leyes promulgadas en las últimas décadas.

PARA QUÉ LA VAS A HACER SIMPLE SI LA PODÉS COMPLICAR . Desde hace muchos meses un grupo de parlamentarios del partido de gobierno se abocó a preparar un proyecto de ley de reparación integral que, consensuado políticamente entre las diferentes fuerzas y con el Poder Ejecutivo y sorteando las inevitables tijeras y retaceos del ministro de Economía y Finanzas, pudiera ser presentado a la pública consideración.

Sin exagerar, la verdad es que con el proyecto de Crysol tenían la papa en la boca: algún retoquecito y dale para adelante.

De acuerdo a los trascendidos de prensa, ya que el borrador original presentado por el grupo no se dio a conocer, la propuesta presentada por este grupo de trabajo desechó la iniciativa de Crysol sin reunirse con este colectivo, y ni siquiera tuvo en cuenta los aspectos más notorios y relevantes de la resolución 60/147 de las Naciones Unidas. Incluso aquellos que son innegociables y ante los cuales el ministro Álvaro García no iba a ofrecer ninguna objeción porque no cuestan un solo peso al erario.

DEMOCRATIZAR LA DEMOCRACIA . Para hacer justicia, para afirmar la justicia como valor conceptual y como norma de vida, para acabar con los vestigios y resabios del terrorismo de Estado y de la cultura de la impunidad, para que el Nunca más terrorismo de Estado no sea simplemente una expresión de deseos y tenga sólidas bases jurídicas, políticas y morales, y para, además, anular la ley de caducidad, es necesario aprobar una ley de reparación integral que abarque a todos los universos de víctimas, sin exclusiones.

La resolución 60/147 de las Naciones Unidas es una guía básica a considerar. El proyecto de Crysol y de López Goldaracena es un referente ineludible y el estándar a partir del cual juzgar la propuesta que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento en los próximos días. Tanto para los ex presos políticos y el universo de víctimas como para los organismos internacionales de derechos humanos que siguen de cerca la realidad nacional en este plano que hace a la calidad institucional de la democracia.

(*)Integrante de la directiva de Crysol.

Proyecto de reparación integral a punto de aprobarse

Suturar el daño.

Por estas horas se definen los aspectos medulares del proyecto de reparación integral a las víctimas de la represión en los años sesenta y setenta, que incluirá desde el reconocimiento oficial del terrorismo de la dictadura y las acciones ilegales de los gobiernos de Pacheco y Bordaberry, el resarcimiento económico y atención médica para las víctimas, hasta la instalación de elementos recordatorios en los centros de detención clandestina y tortura, como el Calem.

Walter Pernas

El gobierno se apresta a impulsar y aprobar rápidamente un proyecto de ley de “reparación integral” que abarca tres áreas medulares: el reconocimiento oficial por parte del Estado de su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno pachequista, el período pregolpista de Juan María Bordaberry y la dictadura cívico militar; un resarcimiento económico y de atención psicológica y psiquiátrica para un amplio universo de víctimas de aquellas acciones ilegales; y la construcción de memoria a través de la creación de monumentos y la colocación de chapas recordatorias que identifiquen las atrocidades de la represión en cada uno de los cuarteles o edificios militares o civiles donde hayan ocurrido.

El proyecto –que está en su fase de redacción final– discrimina dos universos fundamentales de víctimas de acuerdo a las fechas en que sucedieron los hechos. Por ejemplo, se consideran víctimas del terrorismo de Estado “todas aquellas personas que hayan sufrido la violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional, desde el 27 de junio de 1973 hasta el primero de marzo de 1985, por motivos políticos, ideológicos o gremiales”, señala la iniciativa. En tanto, “se consideran víctimas de la actuación ilegítima del Estado” todos aquellos que hayan padecido tales violaciones durante el período que va desde el “13 de junio de 1968 hasta el 26 de de junio de 1973” , y también por motivos “políticos, ideológicos o gremiales”.

En ambos casos, “dichas violaciones deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización o apoyo de agentes del Estado”.

La importancia democrática de reconocer oficialmente el terrorismo de Estado de la dictadura se acentúa al señalar que desde que se aprobaron las medidas prontas de seguridad, el 13 de junio de 1968 bajo el gobierno de Jorge Pacheco, y hasta el día del golpe de Bordaberry, hubo una actuación ilegitima del Estado. A ese período, por ejemplo, corresponden las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Escuadrón de la Muerte, y los crímenes perpetrados por policías y militares con la aquiescencia del gobierno.

Estos hechos, cuya realidad es incuestionable, echan por tierra cualquier declaración que apunte a defender o relativizar la actuación ilegal del gobierno en aquellos años. Pues no hay dudas de que se violentaron las normas constitucionales y la normativa más elemenal sobre derechos humanos en tanto las medidas prontas de seguridad, si bien son constitucionales, no habilitan a torturar, matar, o desaparecer personas.

Por ello, el proyecto busca que se reconozca la “responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada o prisión política, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 27 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las medidas prontas de seguridad e inspirado en el marco ideológico de la doctrina de la seguridad nacional”.

RESARCIMIENTO. Las “víctimas” –según la definición del proyecto– tendrán “derecho a ser reparadas” de acuerdo a ciertas condiciones, que aún se están definiendo.

Están contemplados los familiares de desaparecidos, de asesinados políticos, de muertos durante su prisión por razones políticas, los niños secuestrados “con o sin sustitución de identidad”, y las “personas que nacieron bajo la privación de libertad de su madre o que siendo niños o niñas permanecieron detenidos con sus padres”, pero existe un gran dilema sobre cómo resolver la reparación para ex presos políticos. Fuentes del gobierno dijeron a Brecha que la aplicación de una reparación económica, de acuerdo al proyecto presentado por Crysol (véase página 4), en la que se calcula un monto por cada día de reclusión, “es inviable”.

“Es imposible cuantificar el sufrimiento humano de manera monetaria, por cuanto cualquier cantidad no será suficiente. También somos conscientes de que el Estado uruguayo no está en condiciones de destinar 250 millones de dólares en reparación”, dijo una fuente gubernamental.

Hoy, viernes, la comisión del gobierno que define el proyecto –integrada, entre otros, por el secretario de la Presidencia Miguel Toma, el canciller Gonzalo Fernández, y legisladores oficialistas– se reunirá con el ministro de Economía, Álvaro García, para ajustar este complejo aspecto de la iniciativa.

Algunos integrantes de la comisión opinan que la ley 18.033 “ya reparó” a la mayoría de los ex presos políticos, pero otros entienden que en todo caso se trató de un resarcimiento “parcial”. Está presente la posibilidad de incluir casos que por diversas razones no fueron comprendidos en la ley anterior, e incluso la de aumentar el monto de la pensión que cobran los que se ajustaron a aquella norma.

Entre tanto, a las víctimas directas se les va a “garantizar la asistencia médica gratuita y vitalicia, asistencia psicológica, psiquiátrica, farmacológica”, señala el proyecto preliminar. Se estudia cómo implementar la atención para las demás víctimas (familiares) que también sufrieron secuelas psíquicas, de manera de brindar un “apoyo científico y técnico para mitigar las secuelas”, dijo una de las fuentes.

Por otra parte, la iniciativa señala que se construirá memoria mediante la instalación de monumentos que simbolicen la lucha contra la represión y la necesidad de que “nunca más” se aplique terrorismo de Estado. Con ese cometido también se colocarán placas recordatorias –que identifiquen hechos y posiblemente víctimas– en todos los cuarteles y edificios militares del país donde se torturó, asesinó y se hizo desaparecer gente. Uno de esos lugares es el Centro de Altos Estudios Militares (Calem), meca de la actual jerarquía castrense y otrora sede del Servicio de Información de Defensa (sid) de la dictadura, donde en 1976 se mantuvo detenida a la hasta hoy desaparecida María Claudia García, madre de Macarena Gelman, y donde también estuvieron los desaparecidos del segundo vuelo.